En este sentido, establece un marco común con arreglo al cual los Estados miembros determinarán unas políticas generales transparentes y no discriminatorias de seguridad del suministro compatibles con las exigencias de competitividad del mercado interior del gas.
Además, precisan las funciones y responsabilidades generales de los diferentes agentes que intervienen en el mercado, y establece procedimientos no discriminatorios para garantizar la seguridad del suministro de gas.